Después de ser imputado en 2011 por el caso Mercasevilla y volver recientemente a la actualidad en materia de corrupción con motivo de las investigaciones llevadas a cabo en la Fundación DeSevilla, UPyD ha decidido pedir al Portavoz y concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, que abandone su puesto mientras se mantenga dicha imputación.
En este sentido, el partido magenta denuncia que muchas empresas públicas, fundaciones, consorcios, etc., “se han convertido en verdaderas agencias de colocación para los afines de los partidos políticos». Por ello, desde su partido apuestan por «despolitizar las empresas públicas y sacar de sus consejos de administración a los políticos». «Lo mismo pensamos con los consorcios y fundaciones. Para ello llevamos dando ejemplo desde hace mucho tiempo renunciado a ocupar puestos en sociedades públicas como RTVE, en las televisiones públicas madrileña y vasca, en cajas de ahorro y en muchas empresas públicas municipales de ayuntamientos en los que tenemos concejales”, ha dicho la portavoz del Consejo Local de Upyd en Sevilla, Isabel Ceballos.
Cabe destacar que Torrijos, que fue delegado de Relaciones Institucionales en el anterior gobierno municipal, tuvo según palabras del fiscal una «participación directa en la firma del convenio que sustenta la subvención municipal de 990.000 euros para cooperación internacional, y conocimiento pormenorizado del devenir económico y circunstancias de la fundación”. En este sentido, la Fundación DeSevilla, entidad dedicada en teoría a la cooperación al desarrollo, lleva varios años siendo noticia por motivos de presunta corrupción. Desde que en el año 2011 saltó a la luz el ERE exprés con el que Izquierda Unida premió a sus militantes -trabajadores de esta fundación municipal- antes de abandonar el poder y ante la presunta liquidación de la entidad que iba a llevar a cabo el nuevo alcalde popular, se han sucedido las denuncias contra esta entidad municipal.
“Fue un auténtico agujero económico en el que se convirtió este ente público, con una nefasta gestión económica, con facturas sin contabilizar, duplicadas… que llevan a pensar que el verdadero objetivo de la fundación fue el de transferir dinero público hacia el régimen castrista y organizaciones de ideología comunista en Latinoamérica”, ha finalizado Ceballos.
R.T.