El rector de la Universidad de Sevilla (US), Antonio Ramírez de Arellano, ha dado cuenta de los datos provisionales del proceso de concesión de becas por parte del Ministerio de Educación a alumnos de la institución sevillana. De este modo ha señalado que en torno a 30.000 alumnos de los 60.000 existentes han solicitado ayuda al Gobierno central, de las cuales 13.000 becas han sido denegadas a los estudiantes.
Estos datos, a falta del cierre definitivo del proceso que este año es especialmente tardío, supone un incremento de casi un 20 por ciento del número de becas denegadas durante el ejercicio anterior, cuando se rechazaron unas 11.000.
Ramírez de Arellano ha indicado que las cifras de este año, una vez vigente el nuevo decreto de becas que regula los criterios académicos o de renta por los que justificar la negativa a la subvención, suponen que más del 40 por ciento de los aspirantes hayan visto denegadas su solicitud, siendo más de 2 millones de euros menos en concepto de ayudas a la matriculación.
«Ahora hay que ver cuántos pueden afrontar el pago de las matrículas correspondientes» ha matizado el rector de la US, que ha subrayado que «habrá que estar muy pendiente de que todas las personas que precisen ayuda, en el contexto de igualdad de oportunidades y del mérito académico, puedan recibirla para completar sus estudios», puesto que la Universidad hispalense pretende mostrarse «sensible» a la hora de «afrontar una situación sobrevenida, responsabilidad de una política de becas que no responde al momento en el que estamos y pone en riesgo la equidad que nos rige».
En cuanto a las matrículas anuladas, el pasado año se cerró con unas 2.200 matriculaciones invalidadas, mientras que a estas alturas, y sin que el proceso haya finalizado, hay 2.500. En este sentido, la Universidad de Sevilla ha reforzado su programa de ayudas sociales, aumentando de 130.000 a 180.000 la partida destinada a la ayuda a los alumnos.
Además, el rector ha manifestado su total apoyo a la propuesta de los alumnos de acometer con mayor flexibilidad los plazos para proceder al abono de la matrícula, actualmente fijado en dos tramos en Andalucía. Así ha anunciado que trasladará la propuesta a la Junta de Andalucía, ya que retrasar los pagos en las actuales condiciones de tesorería tendría unas consecuencias «muy negativas».
De esta manera, la Junta debería mejorar el ritmo de abono de tesorería para que esta fórmula pueda ser sostenible, con una estrategia de pago que sólo tendría que durar un ejercicio, pues «una vez puesto en marcha un año no tiene efecto económico a los siguientes», teniendo en cuenta que un aplazamiento de varios meses del 50 por ciento de la matricula supondría «mucho dinero».
R.N.
