El fiscal militar ha pedido cárcel para responsables de la residencia Universitaria San Hermenegildo, ubicada en la avenida de la Borbolla, por haberse apropiado presuntamente de 299.602 euros, mientras los estudiantes recibían comida de pésima calidad entre 2005 y 2009. Tras multitud de denuncias por lo «incomestible» de los productos, en 2010 se abrió el caso.
Según publica esta mañana El País,tras múltiples denuncias en las que los estudiantes se quejaban de la pésima calidad de la dieta que recibía, la fiscalía ha pedido para los coroneles al frente de la residencia Francisco Muñoz, y su antecesor en el cargo, Sebastián Clavijo, 21 y 18 años de prisión respectivamente. El motivo de la denuncia, y de dicho proceso que comenzó en el año 2010, estriba en que mientras los estudiantes pasaban “hambre” y recibían comida de ínfima calidad, esos años los mandos recibieron bajo cuerda mariscos, alcohol (botellas de ron y whisky) cañas de lomo y lotes de Navidad por importe de 30.599 euros. “Se firmaban albaranes de recepción sobre mercancías que no eran entregadas, y en tal concepto son falsos”, censura el fiscal.
Los estudiantes tildaban durante años la comida de “incomestible” y tres años después, el fiscal jefe del Tribunal Militar Central, Antonio Lozano, ha presentado este verano su escrito de calificación. Junto a los dos coroneles, el ministerio público pide 20 años de prisión para los comandantes José Maestre y Antonio Enrique Palmero.
El operativo era simple: las empresas encargadas del cátering de la residencia, presentaban facturas de suministro de alimentos que nunca se entregaban, y “con el visto bueno de los directores de la residencia”, se pagaba a esos proveedores “generando un fondo monetario” que posteriormente los mandos militares y los empresarios se repartían.
Al capitán Ángel Martín, la fiscalía le pide ocho años y al subteniente Carlos Borromeo 10 años de prisión. Asimismo, están acusados los empresarios que suministraban los alimentos para los estudiantes, Fernando Marín de las firmas Plataforma Femar y Acacio y Manuel Rosso, de Hermanos Rosso, para los que la fiscalía pide 12 años de cárcel por un delito continuado contra la hacienda militar y por falsedad en documento mercantil.
En total, la petición de la fiscalía suma 122 años de cárcel para los seis militares y los dos empresarios por siete delitos: cuatro delitos continuados contra la hacienda en el ámbito militar, continuado de falsedad en documento mercantil y continuado de deslealtad.
El escrito detalla una a una todas estas “entregas ficticias” reflejadas en los certificados de cocina como si realmente hubieran sido recepcionadas por el comandante Maestre Romero como administrador de la residencia, y con el visto bueno de los directores. Si en 2005 la suma supuestamente defraudada ascendió a 11.635 euros, en 2006 fueron 27.656 euros, en 2007 se esquilmaron 31.625 euros, en 2008 34.543 euros, y en 2009 10.091 euros. A estas cantidades la investigación de la fiscalía jurídico militar suma 33 días de alimentación en fechas que no se sirvieron comidas, lo que supuso unas ganancias ilícitas para los empresarios cuantificadas en 38.674 euros.
Los mandos militares dejaron asimismo de ingresar al Tesoro 7.933 euros de las cuotas de los residentes y pernoctaciones en 2009. En su escrito de calificación, el fiscal pide que declaren como testigos el coronel Andrés Serrano, actual director del centro, el comandante Santiago Martín, así como los estudiantes Pablo G. y Macarena C. .
Debido a la pésima calidad de la comida que recebían, los estudiantes adquirían alimentos en los supermercados cercanos para sus despensas personales, a pesar de que abonaban 400 euros por su estancia; además cuando cuando se quejaban en exceso, eran expulsados sin miramientos. Tras las numerosas denuncias de los padres ante el ministerio durante 2009, Defensa abrió una investigación y destituyó a los responsables de la residencia. En paralelo, la justicia militar abrió una causa para investigar los hechos y la causa se elevó al Juzgado Togado Militar Central 2 dada la condición de aforados de los coroneles y los comandantes acusados.
A las penas solicitadas, la fiscalía añade una indemnización al Estado de 261.060 euros impuesta a los mandos militares, y de manera subsidiaria otra para los empresarios por 300.000 euros. El escrito de calificación del abogado del Estado es muy similar al del fiscal, explican fuentes del caso.
R.N.